Resumen

El trabajo versa sobre la tendencia de política criminal que se observa en los últimos años a nivel internacional, consistente en el traspaso más o menos coactivo de tareas de prevención y esclarecimiento de delitos, que son propias del sistema estatal de justicia penal, a agentes privados, específicamente a las empresas y a quienes están a cargo de ellas, y sobre las dudas de legitimidad (y, eventualmente, de constitucionalidad) que algunas de las manifestaciones de esta “privatización forzada” del Derecho penal económico plantean. Específicamente, se pasa revista a la imposición de deberes de actuación en el ámbito de la responsabilidad penal por el producto, de la prevención del lavado de dinero, de la responsabilidad penal por los hechos de los empleados, así como al desafío inédito que plantea a las garantías tradicionales del proceso penal el desarrollo, bajo presión estatal, de “investigaciones internas” corporativas.

Palabras Claves

privatización forzada compliance responsabilidad penal de los directivos de empresa responsabilidad penal de las personas jurídicas investigaciones internas